El Gobierno intenta destrabar una nueva la ley de salud mental para reemplazar la que data de 2010. La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, espera el fruto de tres recientes reuniones por zoom con los ministros de Salud de las provincias. Allí, tanto kirchneristas como aliados mostraron ciertos reparos ante el ministro de Salud, Mario Lugones, y la jefa de la comisión de Salud de la Cámara alta, Ivanna Arrascaeta. Los principales cambios impulsados se focalizan en las internaciones, los hospitales especializados y la participación médica. El objetivo oficial sería alcanzar un consenso -con eventuales retoques del borrador original- para avanzar en las modificaciones.

El proyecto -que es de abril pasado pero por entonces no logró prosperar- viene siendo impulsado en un contexto sanitario delicado, en el que las patologías de salud mental no paran de aumentar. Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de individuos sufren estos problemas en el mundo (13% de la población) y Argentina no es la excepción. Las consultas ambulatorias e internaciones relacionadas se han disparado, en particular después de la pandemia. Así lo indican datos oficiales de diferentes jurisdicciones nacionales a los que tuvo acceso Clarín y serían presentados este jueves en el Senado.

En ese contexto, uno de los capítulos clave del proyecto oficial de reforma está vinculado a las internaciones de los pacientes. La ley actual (N° 26.657) establece que una persona puede ser internada contra su voluntad sólo de manera excepcional, cuando existe un “riesgo cierto e inminente” para sí misma o para terceros y no resulta posible un tratamiento ambulatorio. Además, la internación debe ser lo más breve posible.

El nuevo proyecto cambia esa fórmula por “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Además, permite que para evaluar ese riesgo se tengan en cuenta antecedentes y la evolución futura de la situación. Esto hace que el criterio sea potencialmente más amplio: ya no se mira únicamente un peligro inmediato sino también la probabilidad de que suceda un daño grave.

Desde el Gobierno sostienen que ese criterio permitiría acotar los márgenes de riesgo para actuar, por ejemplo, antes de que se produzca un suicidio, un homicidio o una agresión grave. Las posturas en contra de esta iniciativa advierten que dicho paradigma puede potenciar las internaciones contra la voluntad de la persona.

Una ambulancia del SAME psiquiátrico, destinado a atender emergencias en la vía pública.

Otro punto sensible es quién decide internar al paciente. La ley actual exige una evaluación interdisciplinaria y la firma de al menos dos profesionales, uno de los cuales debe ser psicólogo o psiquiatra. El proyecto -que permanecería en revisión a partir de las reuniones de esta semana- le daría un papel mucho más preponderante al psiquiatra y contemplaría que, en circunstancias excepcionales, un solo médico pueda disponer la internación, con una revisión posterior.

Un tercer punto importante es si se volverá a incentivar los manicomios. La ley vigente establece que las internaciones deben realizarse preferentemente en hospitales generales y que no debe crear nuevos hospitales psiquiátricos monovalentes. El objetivo es la llamada desmanicomialización: que la persona no sea separada de la comunidad y permanezca internada durante la menor cantidad de tiempo posible.

El proyecto del Gobierno, al menos en su versión original, buscó modificar eso, con la premisa de que las personas sean internadas también en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, públicos o privados, y eliminar la prohibición de crear nuevas instituciones monovalentes. Sin embargo, aún no estaría definido cómo quedará ese apartado en busca del consenso para que el proyecto pueda avanzar.

El oficialismo argumenta que actualmente faltan camas y que muchas personas terminan durante días en guardias de hospitales generales porque no hay lugares especializados. Los críticos, en cambio, temen que un nuevo impulso de los hospitales monovalentes pueda significar el retorno de instituciones de encierro que la ley de 2010 proponía superar.

La autonomía y la familia

En la reforma también entra en juego la autonomía individual. La ley actual tiene una concepción fuerte de la persona como sujeto de derechos. Por ejemplo, reconoce el derecho del paciente a tomar decisiones sobre su tratamiento dentro de sus posibilidades, recibir la alternativa terapéutica que menos restrinja su libertad y estar acompañada por familiares o personas de confianza.

Bullrich busca un mayor consenso con las provincias para avanzar con el proyecto. Foto: Martín Bonetto

Si bien el nuevo proyecto no elimina esos derechos, modifica el equilibrio entre autonomía e intervención: en determinadas circunstancias facilita que el sistema pueda actuar aunque la persona no quiera internarse. La discusión no se limita sólo a “internar o no internar”. Lo que se discute es cuánto poder deben tener el Estado y el equipo médico para intervenir contra la voluntad de una persona cuando consideran que existe un peligro grave.

El rol de la familia en uno y otro escenario también resulta clave. La ley actual reconoce a familiares y allegados como acompañantes importantes, pero no les otorga automáticamente la facultad de decidir por la persona. El proyecto procura reforzar la participación y corresponsabilidad familiar, especialmente en el tratamiento y en situaciones de riesgo. Esto responde al reclamo frecuente de familiares que sostienen que la ley vigente les deja muy pocas herramientas cuando una persona atraviesa una crisis grave y rechaza el tratamiento.

El nuevo proyecto genera discusión, en suma, porque hay dos problemas que chocan. Por un lado, familiares y profesionales plantean que la ley actual puede resultar insuficiente ante determinadas crisis graves, especialmente cuando la persona rechaza el tratamiento y existe riesgo de suicidio, violencia o deterioro severo.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y especialistas en salud mental sostienen que el problema principal no es necesariamente la ley, sino su implementación: falta de dispositivos comunitarios, camas, profesionales, presupuesto y políticas de externación. Temen que flexibilizar las internaciones y habilitar eventualmente instituciones psiquiátricas termine reemplazando la atención comunitaria por la lógica antagónica del encierro.

El proyecto del Poder Ejecutivo está en las comisiones de Salud y Legislación General del Senado. En ese marco se realizaron las reuniones virtuales con los ministros de Salud provinciales, encuentros en los que surgieron observaciones como el hecho de que la nueva ley se vuelva “psiquiatra dependiente” en un contexto de escasez de psiquiatras; o relativas al temor de que el nuevo escenario normativo dé lugar a un mayor desfinanciamiento, déficit clave para que cualquier ley -sea vieja o nueva- corra con menores posibilidades de éxito.

Uno de los pocos distritos que se manifestó públicamente en las últimas horas sobre la cuestión fue la provincia de Buenos Aires, una vez concluida este martes la última de las tres reuniones virtuales previstas. Cuestionaron que el Ministerio de Salud de la Nación convocara a las jurisdicciones por separado y por zoom: “No se puede buscar legitimar una reforma sin consenso dividiendo a las provincias en grupos. Necesitamos sentarnos todos en una misma mesa, conocer las diferentes posiciones y discutir seriamente qué sistema de salud mental queremos para nuestro país”, señalaron.

Clarín pidió al Gobierno una consideración a modo de balance sobre la serie de reuniones desarrolladas entre lunes y martes, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

PS